La Constitución Bolivariana otorga a los asuntos ambientales más de treinta artículos donde el ambiente aparece como eje transversal a lo largo de todo el texto, aparece como fundamento de la seguridad del Estado, elevándolo a la categoría de bien jurídico protegido, digno de tutela penal; consagrándolo como un derecho fundamental.
Pero, específicamente al hablar de la actividad administrativa del Estado venezolano en relación al medio ambiente, esto se encuentra en el artículo 127 de la CRBV: “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y de mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.
El artículo 128 del CRBV también expone que: “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento”.
Por lo que se podría decir, que la Constitución venezolana prevé dentro de sus principios rectores: el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la participación; principios bajo los cuales se deberá desarrollar la actividad administrativa del Estado en materia ambiental. Los cuales están desarrollados en el artículo 334 que establece la obligación de los jueces que, en el ámbito de sus competencias deben destacar la parte dogmática de la Constitución, especialmente la relacionada con el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa.
Igualmente, el artículo 49 de la Carta Magna, en su numeral 1, consagra que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, por lo que la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso, teniendo la persona interesada derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, a acceder a las pruebas y a disponer del tiempo necesario y de los medios adecuados para ejercer su defensa.
La actividad administrativa del Estado, en cuanto a sus actuaciones, debe destacar la participación ciudadana como fundamento de la Administración Pública, bajo los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, preceptuado en el artículo 141 de la Constitución; como elemento esencial del derecho a la defensa, aplicable a todos aquellos procedimientos administrativos iniciados de oficio o a instancia de parte por los órganos competentes en materia ambiental.
Para acceder a la Constituciòn venezolana, hacer click en el siguiente link:
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